Aprenda sobre la característica de cobertura restringida en una marca
La cobertura restringida en una marca hace referencia a los productos y/o servicios a los cuales hace mención el registro de marca, pero que no corresponden a la totalidad de la clase solicitada. Es decir, aclaró la Superintendencia de Industria y Comercio, la solicitud no busca distinguir todos y cada uno de los productos que están comprendidos en cada una de las clases, sino simplemente identificar productos y/o servicios específicamente delimitados.
Así las cosas, cuando dentro de la información de un registro de marca se hace referencia a que existe cobertura restringida esto significa que los productos y/o servicios concedidos no corresponden a la totalidad de los que componen la clase referenciada en el formulario de registro.
En la solicitud de registro se debe especificar la indicación expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca y la indicación de la clase a la cual corresponden. Esta indicación y clasificación que debe estar expresa en el formulario se establece en concordancia con el artículo 151 de la Decisión 486 de 2000, la cual dispone que la clasificación oficial que aplica a los registros de marca, corresponde a la prevista en el Arreglo de Niza de 1957, cuya última edición entró el vigor el 1 de enero del 2017.
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Superintendencia de industria y Comercio, Concepto 17419864, Ene. 17/18
Ventajas de constituir una S.A.S.
En este artículo se tratarán los beneficios de constituir una Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.). Dichos beneficios son los siguientes:
- Los empresarios pueden fijar las reglas que van a regir el funcionamiento de la sociedad. Es posible, por ejemplo, contar con estatutos flexibles que se adapten a las condiciones y a los requerimientos de cada cada empresario.
- La creación de la empresa es más fácil. Una S.A.S. se puede crear mediante documento privado, lo cual le ahorra a la empresa tiempo y dinero. ·La responsabilidad de sus socios se limita a sus aportes. La empresa puede beneficiarse de la limitación de la responsabilidad de sus socios, sin tener que tener la pesada estructura de una sociedad anónima.
- Las acciones pueden ser de distintas clases y series. Pueden ser acciones ordinarias, acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones con voto múltiple, acciones privilegiadas, acciones con dividendo fijo o acciones de pago. Es importante aclarar que las acciones de las S.A.S. no pueden negociarse en bolsa.
- No se requiere establecer una duración determinada. La empresa reduce costos, ya que no tiene que hacer reformas estatutarias cada vez que el término de duración societaria esté próximo a caducar.El objeto social puede ser indeterminado. Las personas que vayan a contratar con la S.A.S., no tienen que consultar e interpretar detalladamente la lista de actividades que la conforman para ver si la entidad tienen la capacidad para desarrollar determinada transacción.
- El pago de capital puede diferirse hasta por dos años. Esto da a los socios recursos para obtener el capital necesario para el pago de las acciones. La sociedad puede establecer libremente las condiciones en que se realice el pago.
- Por regla general no exige revisor fiscal. La S.A.S. solo estará obligada a tener revisor fiscal cuando los activos brutos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, sean o excedan el equivalente a tres mil salarios mínimos.
- Mayor flexibilidad en la regulación de los derechos patrimoniales. Existe la posibilidad de pactar un mayor poder de voto en los estatutos sociales o de prohibir la negociación de acciones por un plazo de hasta 10 años.
- Mayor facilidad en la operación y administración. Los accionistas pueden renunciar a su derecho a ser convocados a una reunión de socios o reunirse por fuera del domicilio social. La S.A.S. no estará obligada a tener junta directiva, salvo previsión estatutaria en contrario. Si no se estipula la creación de una junta directiva, la totalidad de las funciones de administración y representación legal le corresponderán al representante legal designado por la asamblea.
- El trámite de liquidación es más ágil. No se requiere adelantar el trámite de aprobación de inventario ante la Superintendencia de Sociedades. empresario.
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Partición de Patrimonio
El Código General del Proceso (CGP) introdujo la partición del patrimonio en vida como instrumento que contrarresta actos jurídicos complejos y simulados que realiza el titular del dominio para evitar juicios de sucesión. Por ejemplo, la constitución de sociedades aportando sus bienes, la simulación de compraventas, o la celebración de fiducias.
Esta figura, reglamentada en el parágrafo del artículo 487 del CGP, se erige como novedad en nuestro sistema procesal. No obstante, al estar vigente desde julio del 2012, su desarrollo práctico aún no se ha materializado. Esto se debe a que aún se requiere un decreto que reglamente, en particular, lo relativo a los impuestos que pueda generar dicho acto traslaticio de dominio.
Puesto que trata de un acto jurídico celebrado entre vivos, deben aplicarse idénticas cargas fiscales a estas particiones, que sean predicables para los asignatarios en procesos de sucesión, como lo advierte el artículo 302 del Estatuto Tributario.
El parágrafo del artículo 487 fue demandado ante la Corte Constitucional, que, en la Sentencia C-683 del 2014, con ponencia del magistrado Mauricio González Cuervo, lo declaró exequible, al concluir que no se vulneran los derechos fundamentales de unidad de materia e igualdad. El primero de ellos porque, como lo ha dicho reiteradamente la alta corporación, una ley puede tener varios contenidos temáticos, “siempre y cuando los mismos se relacionen entre sí y estos a su vez con la materia de la ley”, y en el caso del parágrafo demandado, la partición del patrimonio en vida allí regulada es coherente con las disposiciones de naturaleza sustancial, puesto que establece el procedimiento que debe seguirse y los términos para impetrar las acciones a que haya lugar.
Partición de patrimonio en vida y derecho de igualdad
La distribución del patrimonio en vida se constituye en un nuevo modelo de trasmisión gratuita de bienes por acto entre vivos. Este no transgrede el derecho a la igualdad del que gozan quienes hubieren recibido la herencia si se tramitare el proceso sucesorio. Esto se debe a que la autonomía de la voluntad de quien en vida quiere repartir sus bienes tiene límites, ya que debe respetar las asignaciones forzosas, los derechos de terceros y los gananciales.
Para garantizar que se acaten tales limitaciones, deberá obtenerse autorización judicial, obligándose el interesado a acudir al proceso de jurisdicción voluntaria y, acorde a sus ritualidades, el juez autorizará la partición del patrimonio. Deben realizarse emplazamientos y, de ser necesario, practicar pruebas, pudiendo intervenir quienes tengan vocación hereditaria de cualquier naturaleza. También podrán intervenir los acreedores que se puedan ver afectados y, según las particularidades de cada caso, se concederá o denegará la licencia.
Dice la Corte en la sentencia que se analiza:
“En efecto, la norma acusada contiene la obligación de no desconocer las asignaciones forzosas, los derechos de terceros y los gananciales en el proceso de partición, lo cual se asegura mediante la licencia judicial previa, que remite al artículo 577 del Código General del Proceso, referido a los procesos de jurisdicción voluntaria. En el marco de la autorización judicial que se tramita mediante este tipo de procesos, se asegura la publicidad para garantizar los derechos de los terceros que podrían verse perjudicados por la partición, se practican las pruebas que sean necesarias y se reconoce la posibilidad de interponer recursos. Así, los terceros que acrediten su interés o los hijos extramatrimoniales no reconocidos que se encuentren en proceso de filiación, podrán acudir al juez y aportar las pruebas que consideren oportunas para hacer valer sus derechos”.
Sostuvo la Corte que en el evento de que, con posterioridad a la distribución del patrimonio en vida, llegaren a existir personas que tuvieren el derecho a recibir los bienes ya distribuidos, tal y como acontece para las donaciones, se aplica lo prescrito en el tercer inciso del artículo 1019 del Código Civil. Este artículo dice: “Con todo, las asignaciones a personas que al tiempo de abrirse la sucesión no existen, pero se espera que existan, no se invalidarán por esta causa si existieren dichas personas antes de expirar los treinta años subsiguientes a la apertura de la sucesión”. Los 30 años a que alude la norma citada, hoy en día son 10 años conforme a la Ley 791 del 2002. Esto significa que pueden recibir la partición del patrimonio, no solo las personas que existen al tiempo de hacerse la distribución, sino también quienes pueden existir dentro de los 10 años siguientes. Un ejemplo de la aplicabilidad es como sucedería con los hijos nacidos o adoptados con posterioridad, o aquellos no reconocidos que fueron declarados hijos en sentencia dentro de procesos de investigación de paternidad o de filiación.
Dice la sentencia objeto de estudio:
“La Corte considera que no se viola el derecho a la igualdad y en particular a la igualdad entre los miembros de la familia de acuerdo con el artículo 42 Superior, entre los hijos que participan en la partición y entre aquellos que al momento de su realización no han consolidado su vínculo paterno filial.
Los hijos reconocidos y los que no lo son en el momento de la partición, no pueden recibir el mismo trato porque representan supuestos que no son susceptibles de compararse. Los primeros existen en el momento de la partición, los segundos no”.
Comentarios finales
El parágrafo del artículo 487 del nuevo ordenamiento procesal, y que con acierto fue declarado exequible por la Corte, evita que la persona que desea adjudicar sus bienes sin adelantar proceso de sucesión tenga que acudir a procedimientos que carecen de control judicial y, por tanto, se afecten derechos de terceros e incluso de herederos forzosos, situación que no será posible si solicita licencia para distribuir su patrimonio. Gracias a la intervención judicial, no se autorizará la distribución, si el enajenante sobrepasa los límites impuestos en la norma.
La partición en vida impide llevar a cabo actos ficticios que perjudiquen a otros que tengan interés legítimo en el patrimonio que se reparte, pudiendo quien adjudica reservarse el usufructo.
Son tres las fases en que se cristaliza la distribución de los bienes: (i) licencia judicial, (ii) escritura pública, (iii) inscripción en el correspondiente registro del bien que se adjudica.
La acción rescisoria que pueda ejercerse se promoverá en dos años, desde cuando se tuvo o debió tener conocimiento de la partición. Si el bien está sujeto a registro, contará desde que se inscribe la escritura pública en el folio, pero si no hay bienes sometidos a registro, resulta más dificultoso dirimir el nacimiento del término.
Podemos concluir que no se pueden adjudicar más derechos de los que se hubieren recibido en el proceso de sucesión, lo cual debe ser controlado en el proceso de jurisdicción voluntaria que autorice la partición.
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